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                En este post abordaremos las posibilidades que asisten a una Empresa y o empresario/Persona Física para atajar problemas de insolvencia o expectativas de la misma, en la que nos puede haber sumido el COVID 19, ya que los ERTES o los permisos retribuídos son parches temporales que no solventarán el problema.

En el acervo social  y legal ya no existen ni la QUIEBRA ni la SUSPENSION DE PAGOS, tan sólo el Concurso de Acreedores que cuenta ya casi con 20 años de vida. El espíritu de dicha Ley es la subsistencia de las empresas y su posterior viabilidad, pero como veremos en la práctica y en mi opinión profesional la ley es “idílica”, pues el colapso de la Administración de Justicia y su lentitud sumado a la situación precaria de la empresa ; son los que hacen que en la mayoría de casos la empresa tambaleante termine cayendo. No obstante es obligación del administrador societario, solicitar el concurso de acreedores o instar la liquidación de la empresa y ello cuando se produzca la insolvencia o se prevea que no se va a poder hacer frente a los pagos en el primero de los casos o que el pasivo supere al activo social en cuyo caso nos encontramos ante el segundo escenario.

Hoy día pueden solicitar el concurso de acreedores tanto una empresa como su administrador autónomo así como los particulares acuciados por las deudas en estos días tan aciagos. De hecho es recomendable que cuando se pida el concurso de empresa, se pida también el de administrador autónomo pues con ello evitaremos que se desvíe responsabilidad a su o sobre su patrimonio.

Hay que recordar que con las diversas modificaciones, tanto de la Ley de Sociedades de Capital así como la modificación del Código Penal en 2015 (art31 responsabilidad de la Persona Jurídica), los administradores son responsables de los actos de una sociedad que se realicen al margen de la ley (a nivel penal, civil, mercantil, administrativo o laboral,  etc). Ya hoy en día, es impensable que ocurra lo que pasaba en nuestro archipiélago o en el resto del solar patrio, allá por el año 2010, cuando muchas empresas cerraban  dejando deudas y reabrían con otro nombre pero misma gerencia. Aquello es lo que se conocía como EL LEVANTAMIENTO DEL VELO.

Recordemos que los administradores han de obrar con la diligencia de un ordenado empresario, es decir llevar correctamente la contabilidad de la empresa, presentar cuentas anuales, liquidar impuesto de sociedades, no distraer patrimonio de la sociedad, no realizar actos de disposición que puedan perjudicar a la sociedad,  instar la liquidación de la empresa cuando proceda o la de solicitar el concurso de acreedores, están dentro de las muchas obligaciones que asume un administrador o administradores societarios.

En lo que se refiere a esta circular y en síntesis pues este es un tema que da lugar a un libro, debéis de tener en cuenta los siguientes aspectos,

Ante una situación de impagos por falta de liquidez (dentro de los dos primeros meses) o de expectativas de no poder atender a los mismos,  la empresa deberá adoptar el acuerdo en Junta de solicitar el CONCURSO DE ACREEDORES VOLUNTARIO (donde el administrador sigue controlando la marcha de la sociedad con supervisión) o bien instar el art 5 de la Ley Concursal o lo que se conoce como el PRECONCURSO, en ambos casos es imperativo para el órgano de administración, pues se evita en muchas ocasiones que el concurso sea instado por un acreedor CONCURSO FORZOSO (donde el administrador ya pierde el control de la sociedad que queda en manos del administrador concursal )o pueda ser declarado CONCURSO CULPABLE . En ambos casos, las dos figuras facilitan el hecho de que la empresa ante su situación económica maltrecha pueda obtener un aplazamiento en los pagos o incluso quitas, ello acarrea que la empresa que ya no puede recurrir a la financiación bancaria pueda beneficiarse de la reestructuración de su pull bancario, que fuera de estos casos sería impensable puesto que las entidades bancarias no aceptarían esos términos. Hablamos de quitas, de prórrogas, carencias, o de frenar procedimientos judiciales no interpuestos o paralizar los existentes, que permiten a la empresa coger aire para poder seguir funcionando.

Lo fundamental es la premura en el diagnóstico de la insolvencia ya que los plazos son cortos, y por tanto también ello conlleva la presentación de multitud de información económica de la empresa en cuestión, de ahí la importancia de mantener una vida societaria lo más ordenada posible.

Por sistema siempre se pedirán CUENTAS ANUALES ULTIMOS 5 AÑOS, RELACION DE ACREEDORES CON NOMBRE APELLIDOS, DIRECCION,  EMAIL, MEMORIA JUSTIFICATIVA, CONTABILIDAD AÑO EN CURSO, ACUERDO DE LA JUNTA HABILITANDO AL ADMINISTRADOR, ETC.

Nuestro  consejo recurrir rápidamente a su abogado de confianza

INURRIA ABOGADOS

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CONCURSO ACREEDORES y LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD A CAUSA DEL COVID -19

por Inurria Abogados

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