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En los últimos días hemos visto multitud de noticias que hacen referencia al concepto de aforamiento en relación con algunos políticos, pero, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Qué es un aforado?

            En breves palabras, un aforado es aquella persona que, por razón de su cargo o función que desempeña, ya sea político o funcionarial, no será juzgada, en primera instancia, por los Tribunales ordinarios que corresponden al común de la ciudadanía.

            Serán aforados, de conformidad con nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial:

  • El Presidente del Gobierno.
  • Los ministros.
  • Diputados y Senadores.
  • Jueces y Fiscales.
  • Magistrados del Tribunal Constitucional.
  • Magistrados del Tribunal de Cuentas.
  • Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
  • Los miembros del Consejo de Estado.
  • El Defensor del Pueblo.
  • ETC…

            Como vemos, no son exclusivamente cargos políticos los que reciben la denominación de aforados. Para entender la creación de esta figura debemos remontarnos a los orígenes del Estado liberal, momento en el cuál se quería evitar las intromisiones del poder legislativo al judicial, y, de la misma manera, se intentaba evitar que los Jueces y Tribunales juzgaran a sus iguales. De lo que se trata es de que un órgano colegiado, bien sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sean los encargados de dilucidar los procedimientos que se inicien en relación con las personas anteriormente mencionadas. No obstante las críticas o halagos que pueda recibir esta figura, es importante, en este punto, diferenciar entre el aforamiento y la inmunidad parlamentaria, siendo esta última la verdaderamente criticada en nuestros días.

      El artículo 71 de la Constitución Española reconoce que:

      “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones             manifestadas en el ejercicio de sus funciones. (INVIOLAVILIDAD PARCIAL)

      Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo             de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No            podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara     respectiva. (INMUNIDAD PARLAMENTARIA)

      En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo          Penal del Tribunal Supremo.” (AFORAMIENTO)

Como vemos, son tres los privilegios de los que disfrutan Diputados y Senadores, siendo el segundo de ellos ocasionalmente confundido con el tercero. La base de la discusión no está tanto, creemos, en qué Tribunal deba conocer de las casusas contra aquellos, sino en el segundo de los conceptos, la inmunidad parlamentaria.

Cualquier procedimiento que se pretenda seguir contra estos políticos deberá ser aceptado por la Cámara correspondiente, de tal manera que cualquier investigación se pospone más en el tiempo, demorando la acción de la justicia. La problemática no termina aquí, el Tribunal Constitucional, en los comienzos de su carrera (22 de julio de 1985) entendió que cabía la posibilidad de que las Cámaras denegaran la mencionada autorización para procesar a sus miembros, fundamentado en la finalidad de la institución, esto es, evitar que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas a dado la voluntad popular.

En definitiva, la gran crítica a esta figura parte de la siguiente construcción lógica: Si un parlamentario comete un delito, será necesario que su Cámara decida si se acepta o no la persecución penal, cabiendo la posibilidad de que se niegue aquella e, incluso, que el delito acabe prescribiendo, pues para el momento en el que se disuelvan las Cámaras ya sería demasiado tarde.

Si la Cámara autoriza el procesamiento de alguno de sus miembros, será el Tribunal Supremo el órgano competente de resolver según proceda. Sin embargo, no debemos olvidar que los miembros del Tribunal Supremo son nombrados por Consejo General del Poder Judicial y, a su vez, los miembros de dicho Consejo son elegidos por el Congreso y el Senado. ¿Vemos como se cierra el círculo?

Por lo tanto, y como conclusión, el aforamiento de los miembros del Congreso y el Senado es ampliamente criticado dado que, al final, ellos son los encargados de nombrar a las personas que elegirán a sus juzgadores. Por su parte, la inmunidad parlamentaria supone un retraso en la persecución de los delitos cometidos por los miembros de las Cámaras, que puede incluso derivar en que sea imposible llevarles ante la Justicia.

No nos cabe la menor duda de que, en la época de la transición, cuando fue redactada nuestra Constitución, era imprescindible cuidar a los miembros Parlamentarios, protegerles de aquellos anti-constitucionalistas que quisieran evitar la implantación fructuosa de la Democracia, pero a día de hoy, la utilidad y justificación de esta figura queda en entredicho.

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